abr 4, 2012
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Carta al Instituto Nacional de Derechos Humanos denunciando acción represiva en contra de abogados

 

Santiago,  04 de Abril de 2012

 

SEÑORA

LORENA FRIES

Instituto Nacional de Derechos Humanos

 

En el contexto de violencia social al que asistimos desde hace un tiempo, los abogados abajo firmantes queremos manifestarle a usted y a los miembros que integran la institución que usted dirige, lo siguiente:

 

1.- Nos preocupa el distanciamiento entre los principios y normas de un Estado de derecho democrático y la actuación policial, manifestada en altos niveles de represión. Rechazamos en consecuencia, la irracional violencia policial empleada contra los miles de hombres y mujeres que a lo largo y ancho de nuestro país se manifiestan, particularmente en el estamento estudiantil y la localidad de Aysén, así como la aplicación de la ley de Seguridad del Estado, respecto de estos últimos.

2. En este contexto, denunciamos las numerosas detenciones ilegales que a diario se verifican en distintas unidades policiales, muchas de las cuales, incluso, han sido  declaradas así por los juzgados de garantía. Asimismo, las violaciones al derecho a defensa que se han producido en el paso previo al control de detención (unidades policiales generalmente). Nos preocupa el vacío de la legislación procesal penal en orden a hacer cumplir los principios limitadores del ius puniendi en el lapso comprendido entre la detención de las personas y la circunstancia de ser puestas a disposición de la justicia. Creemos que existe una “tierra de nadie” en materia de respeto a las garantías individuales, que se ha convertido en un factor criminógeno favorable a la comisión de múltiples atropellos, como los que en esta misiva se señalan.

3. Nos preocupa el hecho que la citada conducta, particularmente de parte de carabineros, desconoce absolutamente los derechos y garantías no solo de los imputados, especialmente tratándose de menores infractores de ley penal, sino también de abogados defensores.  En tal sentido denunciamos las detenciones ocurridas durante el último período de varios abogados defensores, tales como la colega MARGARITA PEÑA HUMAÑA, hecho ocurrido el día 01 de marzo de 2012 en circunstancias que acompañaba a un sindicato a las dependencias de la Dirección del Trabajo, dada su especialidad de laboralista; la detención del colega PABLO VILLAR MAUREIRA en dos ocasiones, en lo propio, durante el año 2011, quien además fue golpeado por carabineros, como asimismo, la detención y tortura a la que fuera sometido recientemente también el colega JULIO CORTES MORALES el día 15 de marzo de 2012.

 

Respecto de esta última, es dable señalar que Julio Cortés Morales es profesor de derecho de la infancia en la Universidad Central de Chile,  de criminología en la Universidad Arcis y colaborador de la Defensoría Popular. En su labor docente le ha tocado capacitar en estándares de protección de derechos humanos de niños y niñas a los distintos sectores del sistema penal: jueces, defensores, fiscales y también a las policías y particularmente a Carabineros de Chile. Además presta funciones en la Universidad Central como abogado de estudiantes. Al momento de su detención el colega Cortés se dirigía a verificar la detención de unos estudiantes de la universidad Central en la Tercera Comisaría de carabineros. Al llegar a las inmediaciones de La Moneda, cerca de mediodía, intervino profesional y verbalmente ante Carabineros de Fuerzas Especiales que repelían violentamente a unos jóvenes universitarios, por considerar que se trataba de un procedimiento ilegal. En este contexto solicitó identificación al carabinero que dirigía el procedimiento, la que le no sólo le fue negada pese a que el funcionario estaba obligado legalmente a proporcionarla, sino que además este mismo funcionario ordenó al piquete que comandaba que procedieran a detenerlo en el acto. Se le condujo al interior de un carro policial pequeño, vehículo en el cual lo mantuvieron por un espacio de tres horas, junto a un grupo aproximado de 16 jóvenes, menores de edad. Uno de ellos ostentaba una visible herida en el rostro producto de los golpes policiales y varios sufrieron desmayos y otras afecciones derivadas de la deshidratación e hipertermia, habida consideración de las altas temperaturas a las cuales fueron expuestos, las que a lo menos se situaron en los 40º C. Durante estas tres horas y a pesar de que su detención se verificó a dos cuadras de la comisaría donde finalmente fue conducido, los trasladaron por varios puntos de la capital.

 

Ya en la unidad policial, cerca de las tres de la tarde, varios abogados de los aquí firmantes pudimos apreciar como el colega Cortés se desvanecía y caía desmayado producto de la tortura que sufrió durante el encierro en un lugar extremadamente reducido, prácticamente sin aire, a unos 40° con 16 personas más, cuestión que motivó a una abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos a interponer un amparo de garantía, el cual por disposición de la jueza de turno ni siquiera se acogió a tramitación. La libertad del colega Cortés se obtuvo por vía administrativa al ser ordenada por el fiscal del Ministerio Público, cerca de las seis de la tarde. En tal sentido nos preocupa enormemente el distanciamiento que puede advertirse en este caso entre el rol de un juez de ”garantía” y la decisión adoptada por la jueza de turno, pues no parece condecirse con las recomendaciones del Relator Especial sobre derechos civiles, en su Informe sobre Tortura de 2006:  “Los jueces deben aprovechar plenamente las posibilidades que brinda la ley en cuanto al procedimiento de hábeas corpus (procedimiento de amparo). En particular, deben tratar de entrevistarse con los detenidos y verificar su condición física. La negligencia de los jueces con respecto a esta cuestión debería ser objeto de sanciones disciplinarias” (párr.139. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Report of the Special Rapporteur. Addendum. Follow-up to the recommendations made by the Special Rapporteur, Manfred Nowak, 21 de Marzo 2006)

 

La detención del colega Julio Cortés ha sido para nosotros un hecho paradigmático que marca un antes y un después en la lucha por el respeto a las garantías constitucionales, a muchos de los aquí firmantes a veces se les han puesto trabas en las comisarías al llegar a preguntar por detenidos porque “no estamos en la lista de abogados” que poseen en las comisarías, en un acto claramente ilegal, en otras ocasiones se nos ha exigido presentar el carnet del colegio de abogados, cuestión además ilegal pues colegiarse es un acto voluntario; en otras ocasiones debemos esperar largas horas desde que llegan los buses policiales con detenidos a las comisarías y el ingreso de los mismos a la comisaría. El detenido prácticamente “no existe” desde su detención y hasta su ingreso, nada podemos saber de él mientras permanece a disposición del jefe de fuerzas especiales, lo que se torna particularmente gravoso cuando se trata de menores de edad, habida consideración de los hechos que aquí se relatan y lo que el colega defensor Cortés observó personalmente.

Sin perjuicio de que se ejercerán las acciones legales pertinentes por los hechos que aquí se denuncian, solicitamos a ud. disponga y administre todas las medidas necesarias, dentro de la esfera de vuestra competencia, conducentes a velar por el respeto a los derechos y garantías constitucionales de los detenidos, especialmente de menores infractores de ley penal y de los abogados defensores, solicitando o recomendando, entre otros, la apertura de la investigación administrativa que corresponda al interior de carabineros por los hechos del día 15 de marzo, una revisión urgente de los procedimientos de detención, de la formación que reciben las fuerzas especiales de carabineros, así como las instrucciones sobre los límites de su actuación que éstos reciben por parte de los poderes del Estado, especialmente del Ministerio del Interior y las Intendencias respectivas. Algunos excesos policiales son hechos aislados, pero muchos excesos policiales como los que venimos asistiendo en el último tiempo, denotan ya un patrón de conducta en el cuerpo de policía que no se condice con el debido respeto que institucionalmente debe darse a los derechos humanos, pilar fundamental dentro del Estado de derecho democrático.

Saludan muy atentamente a la Sra. Presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos

1 Araya Flores María Mónica
2 Arenas Rodriguez Juan Andres
3 Arriaza Donoso María Alejandra
4 Arteaga Sepúlveda Luis
5 Barbería Miranda Margarita
6 Bereaud Barraza Joseph
7 Betancourt Gallegos Viviana
8 Collado González Rafael
9 Correa Barraza José Luis
10 Cortes Morales Julio
11 Cortes Muñoz Mario
12 Cruz Rivera Cristian
13 Daza Carrasco Mauricio
14 Diaz Rebolledo Carlos
15 Escalona Orellana Raúl
16 Espinoza Gaete Fabiola
17 Espinoza Pino Alberto
18 Galarce Wensel Sebastian
19 García Rodrigo
20 Gutierrez Galvez Hugo
21 Horvath Valentina
22 Labra Videla Consuelo
23 Lavín López Eduardo
24 Letelier del Solar Fabiola
25 Lizana Ormazábal Washington
26 Lizana Sierra María Constanza
27 Loyola Madrid Rodrigo
28 Macías Espinoza José Antonio
29 Mancilla Domínguez Juan
30 Mena Castañeda Leonardo
31 Meza-Lopehandia Matías
32 Miranda Urrutia Nelson
33 Montenegro Montenegro Santiago
34 Morales Cortes Lorenzo
35 Nehgme Cristi Fahra
36 Nogues Helios
37 Ortega Manosalva Pablo
38 Osorio Barros David
39 Peña Umaña Margarita
40 Quezada Orosco Carlos
41 Quirilao Mulato Jose
42 Reveco Guerra Rodrigo
43 Román Andoñe Rodrigo
44 Subercaseaux Amenábar Juan
45 Vasquez Ordenes Pablo
46 Villa Maureira Pablo
47 Villagra Castro Hiram
48 Villegas Díaz Mirna

 

 

 

 

ene 31, 2012
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Carta a la señora DILMA ROUSSEFF, Presidenta de la República Federativa del Brasil sobre represión a pobladores

SEÑORA DILMA ROUSSEFF

PRESIDENTA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

PRESENTE

Los que suscriben, integrantes de “Defensoría Popular”, organismo dedicado a la defensa de los Derechos Humanos, nos hemos informado con estupor de la grave y desmedida represión que ha ejercido la Policía Militarizada a dos mil familias que suman en total de nueve mil personas, habitantes de un inmueble ocupado en Pinheirinho, San José dos Campos. Según la información proporcionada por los afectados, los hechos han significado decena de heridos y otros lesionados entre los que se cuenta el colega defensor de los pobladores abogado Antonio Ferreira (Toninho).

Desde Chile, este grupo de profesionales defensores de los derechos, no podemos más que repudiar semejante acción pues “no puede existir propiedad material, que tenga más valor que la vida misma”. En este marco es que estamos convencidos que un gobierno que se precie de democrático, tiene la obligación de realizar una profunda investigación de los hechos y exigir el castigo a los responsables de tan aberrantes actos.

 

Hugo Catalán Flores                                        Presidente ONG Defensoría Popular

María Magdalena Rivera I.                              Coordinadora Defensoría Popular

Sergio Marabolí Flores                                     Asistente abogados Def. Popular

Rodrigo Román Andoñe                                   Abogado Defensoría Popular

Eduardo Lavín López                                         Abogado Defensoría Popular

Washington Lizana Ormazábal                      Abogado Defensoría Popular

José Luis Correa                                                 Abogado Defensoría Popular

Santiago de Chile, 31 de enero de 2012

Defensoría Popular

 

 

Policía Militarizada

 

ene 18, 2012
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QUE HACER ANTE UNA CANCELACION DE MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES MOVILIZADOS

En las últimas semanas hemos recibido decenas de consultas telefónicas, por correo y en nuestra oficina referido a las sanciones y amedrentamiento que están recibiendo estudiantes que han participado en las movilizaciones del año 2011, en especial la cancelación de matriculas para el año escolar 2012.

Por el alcance de estos hechos, hemos preparado una cartilla con información y criterios generales para que puedas responder de mejor manera a dichas sanciones.

1.- Si has sido víctima de cancelación de matrícula, por participar en las movilizaciones estudiantiles, debes tener claro que dicha sanción debe estar previamente consagrada y establecida en el REGLAMENTO INTERNO o MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE TU COLEGIO (no necesariamente el que está en la libreta de comunicaciones, que es un fragmento del documento). Esta normativa es la que – se supone – regula y rige en todos los establecimientos educacionales, sean estos municipales o particulares subvencionados y si en dicho “manual” no está contemplada las causales que esgrime el director, es ilegal aplicar dicha sanción.

2.- En el caso que no exista la causal precisa de cancelación de matrícula por haber sido parte de la movilización, OJO, pues el director o sostenedor busca algún resquicio o “falta” disciplinaria para poder “justificar” su arbitraria e ilegal medida. En este sentido, recomendamos no dar pie para aquello y tratar de que la “conducta” escolar sea la normal, es decir, la que se ha realizado durante años anteriores.

3.- Aplicada la medida de cancelación de matrícula, y a juicio de los afectados, no se ajusta a la norma interna, debemos tratar de tomar contacto con otros compañeros que estén en similares condiciones, de modo de coordinarse y juntarse para efectos de interponer UNA SOLA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN, en forma colectiva, por todos los afectados.

4.- Si no es posible hacer dicha gestión y solo con aquellos estudiantes sancionados, debes enviar los siguientes antecedentes a nuestro correo denuncia@defensoriapopular.cl Y COLOCA EN ASUNTO EL NOMBRE DE TU COLEGIO PARA NUESTRO ORDEN INTERNO. A parte debes enviar:

a) Nombre completo de los afectados, edad y curso actual.

b) Fecha de ingreso al colegio o liceo.

c) En caso de ser menores de edad, nombre completo de los padres, apoderados o adulto responsable, profesión u oficio y domicilio.

d) Un relato circunstanciado de los hechos que a juicio de los afectados, provocó la cancelación de matrícula, es decir, relatar que tal día, se iniciaron las movilizaciones en el colegio o liceo, duró tanto tiempo, fueron desalojados o lo entregaron voluntariamente, hubo petitorio interno, si se cumplió o no dicho petitorio, fechas precisas de aquellas gestiones, y lo más importante, EL DIA EN QUE FUE COMUNICADA LA CANCELACION DE MATRICULA, pues desde esta fecha, tenemos un plazo de 30 días de corrido, para interponer la acción constitucional de protección por haberse vulnerado los siguientes derechos: DEBIDO PROCESO, NO SER JUZGADOS POR COMISIONES ESPECIALES, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, IGUALDAD ANTE LA LEY, entre otras, ya que todas estas “garantías” se encuentran establecidas en la Constitución Política, en sus artículos 19 numerales 2, 3 y 12.

e) La causal “oficial” que le comunicó el Director del colegio o liceo, por la que les aplicó la medida de cancelación de matrícula.

         Finalmente y junto con todo lo anterior, debes solicitar a la dirección del colegio o liceo, lo siguiente:

a)    Acta de resolución en que se haya adoptado la medida de cancelación de matrícula, sea por el Consejo de Profesores, Comité de Sana Convivencia, Consejo Escolar Interno u otra instancia que decida esta sanción, y

b)   Manual de Convivencia Escolar o Reglamento Interno.

ene 2, 2012
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Fiesta Defensoría Popular. Jueves 05 de enero Galpón Víctor Jara

Defensoría Popular es una iniciativa  que se sostiene en el apoyo a los que asistimos y de organizaciones populares que comparten nuestra labor. Ya lo hemos transformado en un sello de identidad, nadie que nos apunte por tener intereses o impedimentos para asistir y acompañar a los luchadores sociales.

Para que este modelo se proyecte requerimos, una vez más, de tu apoyo.

De manera alegre, nuevamente, los músicos se comprometen con este modelo de autogestión y nos entregan su arte en una fiesta que permitirá recaudar recursos indispensables para el desarrollo de los cientos de causas en que estamos involucrados.

Además es la oportunidad de vincularnos directamente con ustedes en un espacio que no es el represivo y eso realmente nos nutre de energía.

 

La cosa es así:

Jueves 05 de enero

Galpón Víctor JaraLes pedimos ayuda por favor para difundir esta tocata que es para mantener nuestro proyecto de asistencia legal a los luchadores sociales. La importancia es adicional pues la mayoría de los colegas están abocados al juicio oral del caso bomba y no pueden desarrollar sus actividades remuneradas. Jueves 5 de enero. Entradas de pre-venta $ 2.000 en Salsoteca Maestra Vida (Pío Nono 380)

Combo Ginebra

Santa Feria

La Moral Distraída

Entrada General: $ 3.000 (puerta) / Preventa: $ 2.000 en Maestra Vida (Pío Nono 380) y Discomanía (21 de mayo 583 L. 895 Metro Plaza de Armas)

 

nov 27, 2011
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Encuentro Abogado y Trabajadores por los Derechos “Criminalización de la protesta social”

El martes 29 de noviembre nos reuniremos a intercambiar experiencias y generar estrategias de asistencia para luchadores sociales. Este encuentro será en dependencias del auditorio de la escuela de derecho de la Universidad Bolivariana, desde las 18:00 hrs.

Si eres abogado, estudiante o trabajadores por los derechos te invitamos a inscribirte en mrivera@defensoriapopular.cl

 

Programa Encuentro Abogado y Trabajadores por los Derechos

Criminalización de la protesta social

  • 18:00 hrs. a 18:15 hrs.                   Registro de Participantes
  • 18:15 hrs a 18:30 hrs.                     Palabras de apertura.
    • Hugo Catalán Flores, Presidente ONG Defensoría Popular.
    • Decano de la escuela de Derecho Universidad Bolivariana: Sr. Manuel Jaques

 

  • Panel
    • 18:40 hrs. a 19:00 hrs. Profesor Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni:  “Criminalización de la protesta social”
  • 19:00 hrs. a 19:15 hrs. Profesora Mirna Villegas: “Criminalización de la protesta territorial indígena y ley antiterrorista.”
  • 19:15 hrs. a 19:30 hrs. Profesor Miguel Soto Piñeiro: “Análisis crítico del proyecto de ley Hinzpeter”
  • 19:30 hrs. a 19:45 hrs. Abogado coordinador Defensoría Popular, Rodrigo Román: “Experiencias de Defensoría Popular”
  • 19:45 hrs. a 20:00 hrs. Abogado Pablo Ortega: “Criminalización de la protesta del pueblo mapuche”
  • 20:00 hrs. a 20:15 hrs Profesor de Universidad Bolivariana abogado Augusto Cavallari

Moderadora: María Magdalena Rivera Iribarren, Coordinadora Defensoría Popular.

 

  • Preguntas

20:20 hrs. a 20:50 hrs. Preguntas, intercambio de ideas.

  • 21:00 hrs. Firma Declaración de Santiago: “Criminalización de la protesta social
oct 17, 2011
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Montaje Caso Bomba y una operación político procesal

Por muchos ha sido calificado como el caso más importante y mediático en que se aplican estatutos antiterroristas desde la vigencia de la reforma procesal penal (en 2000), comparada solamente con los juicios políticos a miembros de las comunidades mapuche en el wallmapu.

Desde el nacimiento de nuestra organización, en 2008, nos cruzamos en varias oportunidades con esta investigación, comenzada unos años antes, en la que se perseguía la responsabilidad de una serie de explosiones aparentemente vinculadas y con un contenido político en su reivindicación.

Durante el transcurso de ese año fue evidente el prejuicio en contra de todos aquellos que representaban en sus discursos y acciones alguna crítica al sistema social y político. Casas ocupas, individuos identificados con el discurso ácrata, o de culturas de autogestión, fueron rápidamente encasillados como sospechosos y todos los esfuerzos operativos y de inteligencia se dirigieron en esa dirección.

Una de las características de ese periodo fue un cierto celo y rigurosidad en la aplicación de normas y protocolos en los criterios de la investigación. Siempre se llegaba a un punto muerto por la evidente dificultad de articular una teoría que permitiera reconocer en estos grupos indicios de organización que pudieran hacerlos acreedores de los cargos, o ausencia de evidencia que pudiera dar con los sujetos que estaban involucrados en los hechos. Pero el trabajo mediático y político estaba en marcha en aquel entonces, operación que orquestó un cerco informativo y discurso institucional que preparó una opinión pública favorable en la dirección señalada.

En mayo de 2009, un joven trabajador habitante de una casa ocupa, Cristian Cancino,  fue relacionado con el porte de una cantidad de pólvora ubicada en una habitación en que eventualmente pernoctaba. Ese hecho lo relacionó con la investigación principal, después de una larga estadía en la Unidad Carcelaria Santiago 1, y luego de que la investigación no pudiera establecer más que  una relación circunstancial  se terminó la causa por medio de un juicio abreviado.

A fines de ese año otro acontecimiento abrió el apetito de los persecutores. Fue un episodio delictual de violencia intrafamiliar relacionado con un sujeto que intentó asesinar a su pareja. En las primeras declaraciones que dio en el cuartel de investigaciones, una vez detenido en una casa ocupa, señaló que sabía quiénes eran los partícipes en la preparación y colocación de algunas detonaciones e involucró a su víctima y a otras personas que eran parte del circuito de grupos de cultura autogestionada y antisistema. Nuevamente el criterio investigativo de la Fiscalía Oriente fue cauto, no existe posibilidad de que el victimario culpe a la víctima, cosa que un año después fue pasada por alto para el nuevo persecutor.

Pero los tiempos estaban cambiando en dirección de nuevas urgencias que se imponían desde el Estado. Marzo de 2010 y distintas explosiones se agregaban a la carpeta investigativa sin resultados claros. Unos meses después de asumida la nueva administración de derecha, en junio, el flamante ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, envía un poderoso recado al Ministerio Público: “No podemos acostumbrarnos a vivir en un país en que se pongan bombas”.  Al día siguiente Sabas Chahuán traspasa la investigación de la Fiscalía Oriente y nombra a Alejandro Peña Ceballos, Fiscalía Sur, como el encargado de establecer responsabilidades. La espectacularidad de todo este proceso fue en medio de un gran despliegue comunicacional, fue evidente la operación político procesal que antecedía a probables resultados, pues un efectista fiscal como Peña no dejaría que su nueva designación no tuviera imputados.

Lo primero que propuso fue reinterpretar las investigaciones de la centena de explosiones, asignándole un criterio de red donde se centraba en las coincidencias de nombres que había arrojado el trabajo de inteligencia. Luego esa información la cruzó con un modelo tradicional de organización criminal, que en varias ocasiones le fue útil para desbaratar grupos de narcotraficantes. Esa idea era la más lógica para su mirada operativa. Si existen detonaciones y nadie ve nada, es probable que se esté en presencia de una sofisticada organización criminal, a pesar de la experiencia concreta y el buen criterio que indique si efectivamente son anarquistas los que realizan las detonaciones, es altamente improbable encontrar una organización formal. Luego preparó todos los componentes: opinión pública sensible y preparada, fuerza operativa y apoyo político del sistema y una teoría investigativa útil.

El día sábado 14 de agosto de 2010, al más puro estilo de las acciones represivas en dictadura, colocó en marcha la “Operación Salamandra”, trabajando en la penumbra de la madrugada, con refuerzo mediático y él participando en las acciones que se realizaban en detenciones en la Región Metropolitana y Valparaíso.

En total 15 detenidos, incluido Fuentes Aliaga que se encuentra cumpliendo condena por el intento de homicidio de una de las detenidas. Esa noche se cerró el círculo con las impactantes imágenes de los noticieros y las declaraciones al unísono de los más altos funcionarios de gobierno avalando una acción que demostraba la pertinacia y coherencia de las instituciones. Durante los días siguientes fue una saturación donde se mostró la “claridad” de los hechos desde el Ministerio Público: sujetos con pasado subversivo, integrantes de casas donde el discurso antisistema impulsan a bombardear todo lo que se les cruza –se le llamó centros de poder-, elementos incautados como mochilas, poleras, jeans,  bicicletas, extintores, literatura y proclamas, bolsas con pasas, computadores y artefactos de almacenamiento electrónico, todo era útil, todo era sospechoso.

El 17 de agosto en una maratónica jornada, el fiscal Peña presentó las pruebas y la evidencia. Fue en ese momento que la sorpresa tomó a todo el equipo de la defensa. Era inconcebible que interceptaciones telefónicas que hablaban de deudas de dinero se refirieran, en concepto del persecutor, a claves para entender la red de financiamiento. O para establecer liderazgos se escuchara una conversación entre un supuesto líder dando instrucciones a sus subalternos de cómo comportarse ante situaciones cotidianas. Un año de investigación para cerrar el acusatorio, de por medio diez meses de prisión preventiva, separan de los resultados procesales que hoy conocemos.

Se articuló una teoría del caso que contemplaba una organización de hecho que se asentaba en centros de poder y liderazgos efectivos de dos ex integrantes de grupos guerrilleros. Literatura marxista y anarquista. Materias de propaganda y computadores. Miles de páginas con fotos y trascripciones de conversaciones de cientos de personas con un perfil de reuniones y vínculos que llegan a relacionar a muchos de los integrantes de la propia Defensoría Popular con los imputados.

En nuestro poder quedaron más de 8.000 fojas –copias de la carpeta investigativa- con un trabajo que solamente se puede entender de un estado policial, con informes periciales que se ordenan en dirección de establecer un levantamiento de inteligencia de las redes de individuos y grupos que tienen en común una cierta postura de desencanto con el orden de las cosas. En lo que respecta a las etapas procesales:

• El grupo operaba como una asociación ilícita terrorista, con todo el agravante en las penas que aquello implica, con estructura de mando y financiamiento. Todo aquello no pudo ser sostenido por el montaje del Ministerio Público, por lo tanto 13 de los imputados son sobreseídos por este delito.

• Quedan las aristas de los supuestos colocadores de los artefactos explosivos, un segundo delito y por el cual continuará en la etapa de juicio oral para 4 imputados (Gustavo Fuentes Aliga ya cumple condena por el intento de homicidio de su ex pareja)

• En relación con el anterior delito, se acusa por el financiamiento a dos imputados que también van a juicio oral.

 

La principal acusación del Ministerio Público era la de asociación terrorista, delito que conlleva altas penas. La Corte de Apelaciones rechazó cada uno de los recursos impetrados por el ministerio público, confirmando así la teoría de esta defensa, la del  montaje, situación que llevó al Ministerio Público a solicitar el sobreseimiento definitivo de todos los imputados  por ese delito, reduciéndose el caso al juicio de los supuestos colocadores y su financiamiento. Nos nace el convencimiento que en lo que respecta a estos delitos, no existen medios probatorios para condenarlos.

Finalmente, decir que este ha sido un tiempo de aprendizaje para esta organización, confirmando nuestra vocación con la defensa y asistencia legal de todos aquellos que han asumido una postura de rechazo u oposición social y política al Estado y su orden institucional.

 

sep 28, 2011
Defensoría Popular

A bailar por los que luchan…Defensoría Popular

Gran fiesta

Viernes 30 de septiembre

Galpón Víctor Jara.


A bailar por los que luchan…Defensoría Popular


Entradas en venta: Discomanía ubicada en 21 de Mayo 583, local 894, Santiago Centro, a pasos de la Plaza de Armas, Metro Plaza de Armas; Maestra Vida: Pio Nono 380 / Barrio Bellavista desde las 22:30 hasta las 03:00 AM. Además en la oficina de Defensoría Popular, Nueva Amunátegüi 1405 oficina 305, teléfono 02 6961814

En apoyo de la familia de Manuel Gutiérrez – joven de 16 años asesinado por un funcionario de carabinero el 25 de agosto-. En los últimos dos meses la Defensoría Popular ha interpuesto 17 recursos de protección a favor de casi 200 estudiantes sancionados por los dueños y sostenedores en los establecimientos, por participar en las movilizaciones ciudadanas que luchan por educación de calidad gratuita para tod@s.

Fieles a la vitalidad y la fuerza que genera la convicción -necesaria y urgente- de construir un nuevo país, que no sucumba frente al poder de la elite y sus vasallos, que utilizando la fuerza y la violencia intentan contener la disidencia y la protesta, desde el año 2008 la Defensoría se levanta como un organismo de Derechos Humanos dedicado a defender y dar asistencia legal a todos quienes son perseguidos y reprimidos por disentir de las políticas del Estado.

Por esto, necesitamos de todos ustedes, para que este proyecto cuente con recursos para dar una asistencia legal digna y sin compromisos con el Estado o cualquier institución que nos cobre el favor de nuestra labor.

Hemos optado por propiciar, en conjunto con una serie de copañer@s y organizaciones populares, la realización de una gran fiesta para recaudar fondos este viernes 30 de septiembre en el Galpón Víctor Jara.


Evento en Facebook

Fiesta Defensoría Viernes 30 Septiembre 2011
ago 23, 2011
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Miércoles 24 y jueves 25 DEFENSORÍA POPULAR en turno especial

Miércoles 24 y jueves 25 de agosto Paro Nacional y Defensoría Popular en turno desde las 7:30 hrs. en nuestra oficina atentos para la asistencia legal de los luchadores sociales que serán, seguramente, amedrentados y perseguidos por el Estado.

Nos estamos coordinado para lograr la mejor atención en momentos que todo Chile pide cambios reales y profundos del orden de las cosas.

Hemos asignado turnos para todo para las dos jornadas, con atención telefónica (de las materias que puedan ser respondidas) y en terreno en la medida de los requerimientos.

Igualmente hemos coordinado con otros profesionales que han ofrecido su ayuda para tan significativo momento en nuestro país.

Chile en la calle y Defensoría Popular en la trinchera.

Tel. 02 6961814

Nueva Amunátegui 1405 oficina 304 Metro La Moneda

ago 12, 2011
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Represión Policial intenta acallar reclamos populares

Dos de las semanas más intensas en los últimos veinte años en el país, que despertó con una fuerza que desconocía la autoridad política, ha intentado contener con represión y violencia desmedida.
En este contexto Defensoría Popular ha realizado una serie de presentaciones judiciales y administrativas, asistencia técnica y asesorías jurídicas, desde mayo del presente año nuevamente, como en años anteriores, hemos intentado evidenciar la represión en muchos casos desmedida de los funcionarios policiales en contra de manifestaciones públicas.

  • Primera querella en contra del Ministerio del Interior y Carabineros interpuesta a raíz de la violenta represión de manifestantes, lunes 9 de mayo, que rechazaban la votación, en primera instancia, para la construcción del mega proyecto HidroAysén. De esa acción judicial hoy se encuentra en la etapa declarativa los tres querellantes: Sara Larraín, Sergio Aguiló Melo y Hugo Catalán Flores (Representante legal Defensoría Popular).
  • Diversas presentaciones administrativas y denuncias en la Dirección General de Carabineros en contra de funcionarios que han operado de manera desmedida en distintos desalojos de universidades y otros establecimientos movilizados, como el ocurrido en junio en dependencias de la Universidad Central. Estas se encuentran en etapa de indagación sin resultados claros hasta el minuto.
  • Asistencia de al menos 800 detenidos en comisarías, verificando el estado físico y situación procesal inmediata de los mismos, informando a familiares y amigos que requieran de los antecedentes de manera clara y oportuna.
  • Asistencia de al menos 50 controles de detención en que se ha atendido a un centenar de personas acusadas de desórdenes u otros hechos que se califican de delito, acompañando en toda la etapa procesal correspondiente. De todas las detenciones se ha logrado la declaración de ilegales al menos en la mitad de ellas.
  • Acompañamiento de diversos luchadores sociales movilizados que han requerido asistencia jurídica ante las amenazas y otras formas de amedrentamientos, participando en foros y conversatorios donde se han aclarado dudas e inquietudes de los alcances de las posibles represalias de las tomas y movilizaciones.
  • Coordinación con alumnos, padres y apoderados de liceos y colegios movilizados en más de cuarenta reuniones en nuestra oficina, referidas a establecer estrategias de asistencia jurídicas ante represalias de sostenedores y otras autoridades contra los luchadores sociales.
  • Presentación de Recurso de Protección en favor de una cincuentena de alumnos expulsados de establecimientos movilizados, en el que se acogió la Orden de No Innovar (cuyo efecto es suspender la medida de expulsión mientras se resuelve el fondo de la acción).
  • Querella por el delito de injurias en contra de periodistas, editores y representante legal de Canal 13. En su noticiero central se atribuía el quebrantamiento de medida cautelar de Vinicio Aguilera que fue supuestamente gravado marchando el 21 de mayo en Valparaíso.
  • Presentación de querella en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y el director general de Carabineros, Eduardo Gordon, por la violenta represión en contra de miles de manifestantes en las protestas del día jueves 04 de agosto. Este libelo fue acogido a tramitación designado para la investigación al departamento de DD.HH. de la PDI. Han comenzado a prestar declaraciones los querellantes: Camila Vallejo, Camilo Ballesteros, Freddy Fuentes, Lorena Pizarro, Jorge Abedrapo y María Magdalena Rivera, Coordinadora de Defensoría Popular.

Estas acciones, sumadas a la profunda convicción que nos mueve a mantenernos atentos a las expresiones reaccionarias que miran con desprecio los llamados de cambios institucionales, son parte del compromiso de esta organización. Cada cual hace su tarea por el Chile que todos queremos.

ago 12, 2011
Defensoría Popular

Coordinación para denuncia de afectados por la represión policial

Decenas de denuncias han llegado a nuestra oficina relatando la represión que se ha vivido las últimas dos semanas.

Pedimos a todos los que quieran y tengan ánimo para colaborar avanzando en la judicialización de estos hechos y entregar relato pormenorizado, antecedentes, testigos. Llamar hoy jueves en el transcurso de la tarde a nuestro teléfono para ser entrevistados el viernes. La próxima semana presentaremos querella criminal.

Las entrevistas serán lo más precisa posible, entendiendo la cantidad y se debe aportar todos los antecedentes audiovisuales, formularios de constatación de lesiones. Es muy importante que sean las personas afectadas o un familiar directo en caso que no poder asistir las que entreguen los antecedentes.
Se debe estar dispuesto a participar en la firma y presentación de la querella en transcurso de la próxima semana.
Número de teléfono: 02 6961814. Calle Nueva Amunátegui 1405, oficina 304. Metros Estación La Moneda.

(Fotografía: Félix Kof)
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